En 1990, Mario Vargas Llosa hizo un comentario contundente sobre México y el PRI, la llamo “la dictadura perfecta”. En el Perú tenemos “El Negocio Perfecto”, la educación privada. Empresas que se rigen como privadas, pero recurren al artificio de “Instituciones educativas sin fines de lucro” para no pagar impuestos, declaran ganancias cero, y cada año aumentan sus ingresos incrementando las pensiones, amparados en la oferta y la demanda.
Nadie al parecer se dio cuenta antes, ni el estado que los exonera de impuestos, ni los padres de familia que pagan las pensiones, que los colegios privados, como las universidades, son “Negocios Perfectos”. Aunque se disfracen de Instituciones educativas y culturales, son empresas que nunca generan utilidades, pero cobran pensiones muy altas.
¿Por qué tanta indiferencia? ¿A quién le conviene?
La indiferencia de muchos ha hecho posible un sistema educativo autoritario, unilateral, impune, donde los padres de familia no tienen derechos, solo deberes. La crisis del coronavirus nos ha permitido descubrir lo evidente, los colegios privados son islas jurídicas, tributarias, y se amparan en vacíos legales para mantener sus privilegios.
Uno de esos vacíos legales y tributarios es el impuesto al Alcabala (impuesto a la transferencia de bienes inmuebles). Por años varios promotores de centros educativos, entre estas, congregaciones religiosas, adquiría propiedades y pedía la devolución del impuesto de alcabala, lo cual muchas veces eran declaradas infundadas por los órganos recaudadores. Los promotores educativos elevaron al Tribunal Fiscal un pedido de consideración, y el año pasado este Tribunal emitió una resolución, la N° 03309-7-201, declarando que los promotores estaban en su derecho de solicitar la devolución del Alcabala.
Lo más importante de aquella resolución es que confirma que los centros educativos están imposibilitados de realizar actos jurídicos, tales como la adquisición de inmuebles, y quienes pueden hacerlo a nombre de los colegios son los promotores.
Si los promotores pueden comprar inmuebles (solo para usarse en actividades y servicios educativos), es posible que muchos dueños, o que fungen como dueños, de colegios estén desviando utilidades vendiendo sus propias propiedades a la institución educativa, o comprando bienes de terceros, con un sobre precio, y aquellas transacciones impiden que los colegios privados generen ganancias. La única que puede responder esta duda es la SUNAT, y la SUNARP, que deben informar cuantas propiedades han adquirido los colegios particulares en los últimos años, e investigar si el promotor tiene propiedades a su nombre adquiridas con dinero de los colegios.
Este entramado de excepciones fiscales y de promotores todopoderosos tiene décadas, el estado no exige nada a cambio de estas excepciones fiscales, ni audita sus ingresos y egresos… ¿Y los padres? Ellos solo aceptan las decisiones de los promotores ante el temor de perder la matricula en el colegio.
Nadie pregunta nada, nadie reclama. La prensa solo toca ahora el tema de las pensiones, por la coyuntura que vivimos, pero no profundiza en el real problema, cómo es posible que los grandes colegios privados, Instituciones “Sin Fines de Lucro”, no tengan ahorros para sobrevivir en tiempos críticos como este.
Ahora mismo, quien supervisa que la compra de equipos, licencias y materiales necesarios para implementar una plataforma educativa virtual no están siendo aprovechadas para desviar dinero. Nadie investiga a los proveedores de los colegios que muchas veces son familiares o amigos cercanos del director, del promotor o del representante de APAFA.
¿Cuánto ganan los directores y promotores?
Hace años se descubrió que el rector de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, institución sin fines de lucro, ganaba mensualmente algo más de 2 millones soles, si, al mes. No solo él, dos hijos del rector, su yerno, un sobrino y la madre de dos de sus hijos también tenían un sueldo dorado en dicha casa de estudios. Y por supuesto, como era un “asunto de privados”, no se hizo nada al respecto.
Las consecuencias vinieron poco tiempo después, los malos manejos en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, condujeron a que la SUNEDU denegará el licenciamiento institucional, lo que significa que la UIGV deberá cesar sus actividades. La indiferencia de los alumnos y padres, les costó caro, y hoy deben buscar otra universidad donde trasladarse, y en muchos casos perder varios años de estudios, que no son convalidados.
La experiencia de lo que sucedió en la Universidad Garcilaso de la Vega, debería hacernos reflexionar sobre si, con nuestro dinero, se está pagando elevados sueldos a quienes manejan los colegios particulares. Estos repiten que el único recurso que tienen para pagar a los maestros y empleados del colegio, son las pensiones, que no generan ganancias, y pronto van a quebrar.
Si los colegios no son capaces de generar ganancias, y por ende ahorros que servirían para tener un colchón financiero en épocas de crisis, ¿por qué se niegan a dar información de sus gastos a los padres de familia?
Si la mayor parte de los ingresos se destinan al pago de planillas, ¿Cuánto gana un maestro, y cuánto gana el director? Los maestros del colegio de nuestros hijos deberían ser los mejores pagados, son la base del sistema educativo, pero, ¿son bien remunerados? Nadie lo sabe, como nadie conoce que sueldo se ha asignado el director y funcionarios de confianza de este. Ni cuánto gana el promotor o el representante de la congregación que participa en la gestión del colegio.
¿No debería el director de un Colegio Sin fines de Lucro tener un tope salarial? La SUNAT no está autorizada a entregar información del sueldo de los directores y promotores del colegio, no conocemos los gastos que han tenido durante el año, a quienes han empleado, a que proveedores contrataron, si adquirieron propiedades y después las vendieron. No debería el estado permitir que los padres tengan acceso a dicha información, saber si los promotores están haciendo negocios con el dinero de las pensiones escolares. La corrupción está presente en todas las actividades donde el dinero de muchos lo manejan pocos, no es una cuestión de privados, es una cuestión de principios.
¿Cuánto reciben las congregaciones religiosas? ¿Se les paga una suerte de franquicia?
Nadie sabe hasta el momento cuánto dinero de los colegios católicos se transfiere a las congregaciones religiosas, ni en qué casos la iglesia católica, como entidad inmobiliaria (si, la iglesia peruana tiene cientos, sino miles de propiedades, entre inmuebles y terrenos), recibe pagos por arriendo de los colegios católicos o por compra y venta de propiedades.
No hay transparencia de ninguna parte, ni de los dueños de los colegios, ni de las congregaciones, ni de los directores, y mucho menos del estado peruano, el gran perdedor en este negocio de privados que es la educación. Debería ser el estado quien muestre más desvelo por conocer si, mediante jugadas legales y financieras, los administradores de los colegios privados no declaran utilidades, pero reciben por otros medios ingresos económicos, evadiendo impuestos.
Como alguna vez nos comentó un sacerdote jesuita, desde hace mucho los colegios católicos solo son franquicias, y las congregaciones religiosas y la iglesia católica solo buscan recaudar dinero, dejando la administración en manos de cualquiera que les puede ofrecer los mejores dividendos por su franquicia. No les importa como, solo ganar en exceso, a costa del sacrificio de miles de padres de familia.
Las APAFA, democracia dentro de los colegios privados
Desde los años 90’s los colegios privados se han negado a que existan Asociaciones de Padres de Familia en sus colegios. Mientras el estado fomenta en los colegios públicos las APAFA, en los colegios privados no sucede lo mismo.
El Reglamento de Colegios Privados, es ambiguo sobre la formación de asociaciones de padres de familia.
CAPÍTULO VIII
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA
Corresponde al promotor de cada Institución Educativa, establecer obligatoriamente la organización, régimen económico y forma de participación de los padres de familia en el proceso educativo, todo lo cual constará en el Reglamento Interno de la Institución Educativa.
Esa mala interpretación, ha impedido que los padres participen en la gestión del colegio. Es el mismo director por lo general quien elige al presidente de la APAFA, siempre a una persona de su confianza. Alguien que va cuidar sus espaldas, y va mantener sus secretos bien guardados, y que como sucede hoy, brilla por su ausencia cuando los padres necesitan de su colaboración.
La mayoría de asociaciones de padres (alternas), a las que hemos consultado estos días, aseguran que nunca se sintieron representado por el APAFA del colegio de sus hijos, que muchas veces solo conocían al delegado de APAFA cuando se trataba de organizar una actividad para obtener fondos. Y después de la actividad, nadie informaba en que obras se había utilizado el dinero recaudado. En muchos casos ofrecían la construcción de nuevas instalación para el colegio, que nunca se materializo.
Hay que tener las cosas claras, los padres de familia, de los colegios particulares, no quieren que el estado intervenga, solo necesitan reglas claras, un nuevo Reglamento de Colegios Privados, que establezca que todos los colegios privados deben convocar elecciones para elegir a sus representantes en APAFA, y acabar con el sistema actual, donde el director elige a dedo al representante de los padres de familia. Un reglamento que defina las potestades que deben tener las APAFA en la supervisión de los ingresos y egresos que genera el colegio. Y en seleccionar, con los profesores, los mejores libros que hay en el mercado para sus hijos, acabando con el dudoso contubernio de editoriales con directores y promotores, quienes en más de una ocasión han sido denunciados en ASPEC por presionar a los maestros a elegir libros que no son precisamente los mejores, si no los más caros.
Sincerando la educación privada
Los padres de familia necesitan ser empoderados, que en aquellos colegios que tienen el membrete de: “Sin Fines de Lucro”, puedan tener una representación activa, que supervise los aportes que hacen, a través de las pensiones escolares.
Las pensiones son una inversión que hacen los padres de familia, invierten en la educación de sus hijos, en su formación. Y todos los ingresos, repetimos, que una Institución Sin Fines de Lucro genere deben ser para incrementar el patrimonio del colegio, mejorar el sueldo de sus profesores y empleados, ampliar las instalaciones, canchas deportivas, equipos… Y tener ahorros.
