En las últimas décadas, Perú ha sido considerado un ejemplo de gobernabilidad en América Latina. A pesar de que el orden constitucional se rompió en 1992 con el autogolpe de Estado protagonizado por Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos, el país logró mantener una estabilidad económica aún cuando este dejó el poder. Era un acuerdo claro; el Estado y los políticos que se sucedieron en la presidencia del Perú no intervenían en los cauces económicos establecidos desde 1990; ni siquiera Pedro Castillo, militante de un partido comunista, intentó hacer cambios en el modelo económico, ni en las instituciones que la regían.
Sin embargo, en los últimos ocho años, esta separación se ha erosionado. La política ha comenzado a intervenir en todos los ámbitos, amenazando con cambiar el orden establecido y rompiendo la norma de que los políticos no deben inmiscuirse en el sistema económico peruano, ni amenazar con estatizaciones, ni subordinar a los entes rectores del Estado a sus intereses.
Esta semana, líderes políticos peruanos cuestionaron desde el Congreso las funciones de Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). En un gesto que evidencia un desconocimiento de las funciones del BCRP, algunos congresistas acusaron a Velarde de no hacer nada para impulsar el crecimiento económico, una responsabilidad que recae en el Estado peruano. El Ministerio de Economía y sus pares son los que planifican, no en el banco central cuya misión principal es mantener la estabilidad monetaria.
Simultáneamente, Rafael Muente, presidente de Osiptel, acusó al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, de suspenderlo por "probada animadversión", señalando una posible interferencia política en organismos reguladores que deberían operar con autonomía.
El Perú de 2024 parece estar inmerso en un "juego de tronos" protagonizado por caudillos políticos, llamese los Fujimori, los Acuña, los Cerrón, los Luna Gálvez y otras familias con poder fáctico en el país, y oportunistas que buscan sacar el máximo provecho de su poder… Denuncias de venta de cargos públicos y la contratación de asesores a quienes se les exigiría un porcentaje de su sueldo apuntan a prácticas que erosionan la institucionalidad y la confianza en el sistema.
Es evidente que el país se encuentra en una encrucijada. La interferencia política en las instituciones del Estado y la economía amenaza con conducir a Perú hacia un rumbo incierto. Aquellos que en su momento defendieron la obra de Alberto Fujimori han sido los primeros en eliminar de la constitución normas que mantenían el manejo del Estado alejado de las manos políticas.
Si bien es necesario reconocer los aspectos cuestionables del régimen de Fujimori, es justo destacar que durante su gobierno se alentó la incorporación al Estado de funcionarios públicos de carrera, cuya permanencia en el cargo dependía de su capacidad y logros, y no de su afiliación política. Este enfoque meritocrático ha sido desplazado, y hoy se observa una politización creciente en entidades claves, incluyendo la Policía Nacional del Perú.
La ola de crimen organizado que el país sufre actualmente es, en parte, consecuencia de la politización y los cambios constantes en la cúpula policial. Una institución que alguna vez fue eficiente se encuentra ahora debilitada por intereses políticos que socavan su capacidad operativa.
Es imperativo que Perú recupere el equilibrio entre la política, el Estado y la economía, y que todas las instituciones del Estado peruano operen con independencia y profesionalismo. Solo a través de la despolitización y el fortalecimiento institucional podrá el país retomar la senda del desarrollo y la estabilidad.
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