Muchos hablan de que estamos en una crisis política, como no se vivía desde el fin de la dictadura fujimorista. En esa ocasión, ante la avalancha de casos de corrupción institucional que se fueron descubriendo, lo mejor que se hizo fue crear tribunales especiales que juzgarían los casos de corrupción. Sin embargo, no se mantuvo en el tiempo dichos esfuerzos. Esta crisis entonces es la oportunidad de cambiar un poder que es vital para combatir la corrupción, el Poder Judicial.
Todos sospechábamos que jueces y fiscales eran vulnerables ante la tentación del dinero, sin embargo, en décadas ningún político, ningún movimiento ciudadano u gremio profesional hizo nada al respecto para corregir algunos defectos que permitía sospechosos veredictos donde la justicia estaba más que ausente.
Descubrir con pruebas de que había una red de jueces, fiscales y magistrados trabajando por torcer la justicia, ofreciendo veredictos al mejor postor, fue lo que ha permitido que la población exija ahora si un cambio radical.
Gracias al poder politico de Fuerza Popular y el Apra, este último hasta julio del 2018, se jactaba de que todos los procesos contra funcionarios apristas, incluido el ex presidente Alan García, eran archivados, y no llegaban siquiera a la fase de investigación. Lo mismo pasaba con politicos en las distintas regiones del Perú, casos probados de corrupción no prosperaban en Ancash, el Callao o Lambayeque. Éramos un país donde los politicos coludidos con miembros del poder judicial permanecían impunes.
Lo mismo sucedía en procesos civiles, empresas que eran demandadas y cuyos casos terminaban congelados en el poder judicial. Basta que una empresa presente una demanda contra Sunat o Indecopi para que estas se vean imposibilitadas de cobrar una deuda o una multa. Es el país de los juicios largos, juicios que se extienden en años.
Sin embargo, no solo son juicios, también habeas corpus que según la norma internaciones debería un juez aprobar o negarla en unos días, se puede extender varios meses, lo que vulnera el derecho ciudadano de recibir justicia.
Este aletargamiento de los procesos judiciales beneficia al estado y al sector privado, que tienen suficientes recursos para mantener un staff de abogados que apelen una y otra vez, que, usando la ley como herramienta, bloqueen un proceso y lo hagan dormir entre folios.
El caso más notorio del beneficio de una empresa privada ante la inacción del poder judicial es la acción de amparo interpuesta por ocho periodistas contra la concentración de medios de comunicación que hizo el grupo El Comercio al comprar el grupo Epensa. Esa acción de amparo tiene seis años sin resolverse. Dos de los que presentaron la acción de amparo han fallecido en estos 6 años.
El Comercio nos demuestra día a día porque es inaceptable que una sola familia o holding económico concentre el 80% de diarios del Perú. En los últimos meses, antes y después del cierre del congreso, uso sus medios para deslegitimar la medida, sus opinologos como Jaime de Althaus o Federico Salazar durante varias semanas intentaron convencer a sus lectores de que aquel acto era ilegal, y Vizcarra un dictador en la práctica. Lo mismo sucedió en sus medios televisivos, los politicos de Fuerza Popular y el Apra tuvieron tribuna libre para lanzar epítetos poco democráticos contra el presidente Vizcarra. Si bien los periodistas de América Tv, y Canal N, tienen mucha más independencia que sus pares de la prensa escrita, es evidente que durante la crisis entre el ejecutivo y el legislativo la consigna de los dueños del Grupo El Comercio fue copar los programas noticiosos con politicos de la oposición e invitar a quienes más sobresalían en mancillar la imagen de Vizcarra.
¿Por qué tenemos un sistema judicial burocrático y corrompible?
La respuesta es sencilla, porque seguimos abusando del papel, de folios en los procesos judiciales. Un juez debe leer cientos, sino miles de documentos. Un secretario judicial no digita, sino sigue escribiendo en papel todas las incidencias de un proceso judicial. Es imposible para un juez dedicar su tiempo en leer solo un expediente judicial. Los juzgados tienen cientos de casos pendientes, y si sumamos esto que el órgano de control del Poder Judicial no supervisa a los jueces, no monitorea los casos, ni establece un tiempo prudencial para que un juez determine por ejemplo un caso de amparo o un caso de desalojo. No hay plazos en el poder judicial, ni una supervisión que investigue porque el abogado de una empresa privada consigue aplazar un juicio en varias oportunidades, usando triquiñuelas legales, que puede llevar a alargar un juicio por años.
Sin duda el gran beneficiado de esta corrupción o desorganización judicial ha sido la empresa privada. Más de 10 años tomo a la SUNAT cobrar la deuda millonaria que tenía Telefónica del Peru con ellos. Durante una década el proceso judicial no avanzo. Cualquier staff de abogados que tiene dudas de ganar recomienda a sus clientes alargar el juicio. Es un procedimiento que en muchos casos puedes hacer que un delito prescriba.
Hasta ahora el Registro Nacional de Condenas es físico, lo que impide a fiscales y a la policía tener en tiempo real los antecedentes de un sospechoso. Aquello es lo que impide, muchas veces, mantener a un sospechoso en la comisaria.
Es necesario que el próximo congreso cambie el sistema de justicia peruano, no podemos seguir teniendo juzgados inundados con folios de papeles, con jueces incapaces de cumplir con la lectura de todos ellos. Este imperio del papel es el factor que lleva a la corrupción judicial. Comenzando por el secretario al que un abogado le paga para que haga leer primero el expediente de su patrocinado. O del Juez que sin necesidad de dar un veredicto puede recibir una remuneración por congelar un proceso. O el fiscal que no tiene tiempo para transcribir el testimonio de un procesado.
No tiene sentido el actual sistema que prevalece en el poder judicial, los testimonios deben ser grabados, lo que permite a un juez desde su despacho y a través de una computadora analizar en unos minutos cada audiencia judicial. Lo mismo puede analizar los expedientes en línea, reduciendo el tiempo de búsqueda de expedientes en los archivos, y la necesidad de leer por completo cada documento, cuando un juez en adelante puede hacer búsquedas personalizadas.
Es hora dejar el papel y pasar a Bits, digitalizar todos los expedientes, y erradicar de los juzgados el papel. Esto agilizara los procesos, y permitirá que órganos del control del poder judicial supervisen los procesos. Se puede saber si un juez accedió y reviso un expediente, puede anotar sus conclusiones en el legajo digital, no es lo mismo anotar en un papel que puede extraviarse, a hacerlo de forma digital, que permite mantener los archivos seguros, y guardar los considerandos que tuvo un juez para dar tal o cual sentencia.
Otras de las ventajas de pasar a la era digital es el ahorro de dinero. Se reduce el sobre tiempo del personal judicial, se ahorra en espacio, mobiliario, almacenes, que podrían en adelante ser usados como oficinas o salas judiciales. Otra ventaja es que en un sistema digital las partes son informadas por email, y los abogados no tienen que dar vuelta por los juzgados para conocer cómo van sus procesos. Esto genera que los secretarios desarrollen cierta amistad con los abogados, y sea por amistad o por interés económico un funcionario del poder judicial pueda beneficiar a una de las partes en un proceso.
Está claro entonces que los que no querían un cambio en el Poder Judicial, y quieren mantener su estructura paquidérmica, es porque se beneficiaron por mucho tiempo de la corrupción y la desorganización de un poder judicial congelado en la edad del papel.
