A comienzos del siglo 20, una nueva elite intelectual peruana rescato los valores indÃgenas, la generación indigenista, y dio a conocer al mundo, que en el Perú sobrevivÃa una vieja institución europea responsable de la miseria de los pueblos originarios, el feudalismo. En el interior del Perú existÃan grandes reinos feudales, donde los campesinos eran, en la práctica, siervos del señor feudal. Los indigenistas fueron los primeros que reclamaron por el fin del latifundismo que condenaba a millones de campesinos a la pobreza.
La historia se pudo repetir en el Perú en 1968. El general Juan Velasco Alvarado, dio un golpe de estado, y tomo el poder respaldado por las fuerzas armadas peruanas, que reivindicaban las ideas indigenistas de principios del siglo 20. En 1969 decreto una reforma agraria que expropio todos los latifundios existentes, hasta pequeños fundos familiares. Todas las tierras eran del estado, los campesinos se beneficiaban de su producción, pero nunca obtendrÃan tÃtulo de propietarios. A diferencia de las revoluciones en Rusia y China, en el Perú el estado nunca expropio la producción agrÃcola, colectivizo las tierras, lo que los campesinos producÃan eran para ellos, pero el estado impuso un control de precios que impidió capitalizar el agro peruano, impulsar la producción agraria y recibir los beneficios esperados por los campesinos.
Sopesando estos antecedentes históricos, deberÃan las comunidades indÃgenas y campesinas peruanas que se han sumado a la exigencia de una nueva constitución peruana, considerar si esta nueva constitución no terminara afectándolos a ellos. Quien les asegura que quienes confeccionen una nueva constitución, comunistas ortodoxos como Cerrón Bermejo, Bellido o la señora Betssy Chávez, no introduzcan la colectivización de las tierras, como lo han hecho todas las revoluciones comunistas desde 1917.