Este primero de octubre se cumple el segundo año del referéndum que desato la represión del gobierno de Rajoy en Cataluña. Hace dos años el ejecutivo español mostró al mundo el espejismo de una España que es capaz de recurrir a la violencia en aras de preservar sus fronteras intactas. Más allá de una respuesta torpe al separatismo catalán, está el haber sido incapaz, el estado español, de usar también la historia para reivindicar cambios necesarios, que antes de la guerra civil, de 1936, los políticos catalanes exigían, como ser un estado independiente dentro de una confederación de estados Ibéricos. En todas las veces que Cataluña busco ser un estado o república independiente nunca se menciona la separación, sino ser integrada en una confederación de estados.
El nacionalismo catalán no es nuevo, es de vieja data. Desde el siglo 19 han buscado constituirse como estado. En 1873 se proclama el estado Catalán y 1931 la república Catalana, sin romper con España. En ambos casos España negocia con los insurrectos postergando sus pretensiones autonómicas.
En 1934, cambia el discurso, después de que Madrid no cumpliera sus promesas de mayor autonomía política y económica. El líder de Esquerra Republicana y presidente de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys proclama el Estado Catalán, y declara el estado de guerra. Le tomaría menos de dos días a las fuerzas leales a la república española acabar con los focos rebeldes y disolver el sueño de una catalaña autonoma.
Con Franco el nacionalismo catalán parecía haber desaparecido, pero no fue así. El terror franquista empujo al nacionalismo catalán a las catacumbas, allí el catalanismo se hizo dogma, transmitiéndose de padres a hijos, solo esperando el momento para volver a brotar con la fuerza que hoy lo hace. El momento parece haber llegado y todo hace creer que el actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, proclamara la nueva república Catalana. Solo que esta vez Barcelona parece no considerar la creación de una Confederación de estados ibéricos. Y Madrid sigue tercamente aferrada a una constitución que parece no querer modificar en ningún punto.
El rey y el jefe del gobierno español han declarado la ilegalidad del referéndum y los afanes independentistas catalanes amparados en los principios legales de la constitución del 1978, que parece hoy anquilosada. Esto ha hecho recordar a muchos cómo se gestó aquella carta magna, y como los partidos políticos debieron someterse a las presiones franquistas y de los militares para alcanzar la democracia.
El rey Juan Carlos I, nieto del último rey de España, era proclamado soberano de España solo dos días después de la muerte del dictador, como estaba en los planes del caudillo que lo había declarado su heredero. El rey conservaría como Presidente del gobierno Español a Carlos Arias Navarro, hombre de confianza de Franco, y quien garantizaba mantener los lineamientos políticos de este.
También se vivían horas de terror. Los antagonistas de la guerra civil española, la extrema derecha y el partido comunistas parecían ponerse de acuerdo para desestabilizar el proceso democrático. Grupos franquistas que querían mantener el “continuismo inmovilista”, usaron la violencia para advertir sobre las consecuencias que tendría para la paz cualquier cambio que afectara sus intereses. Decenas de personas murieron a manos de terroristas de extrema derecha.
El mismo accionar tendría grupos comunistas como GRAPO, o independentistas como ETA que cometieron acciones terroristas en plena transición.
La constitución española nació en esa vorágine de violencia política, una evocación a los días previos al estallido de la guerra civil. Un coctel mortal que todos presagiaban estallaría, volviendo a desangrar a España. Se entiende que en este escenario la clase política no buscara cambios traumáticos que llevara a una confrontación con las aun beligerantes fuerzas franquistas.
Estaba claro para los políticos, post Franco, el momento histórico en que vivían. De sus decisiones dependería mantener la incipiente democracia o dejarla morir. Un ejemplo de esta encrucijada que se vivía es el que grupos de izquierda, los vencidos de la guerra, y quienes más sufrieron la represión del régimen franquista apoyaran con sus votos la promulgación de la ley de Amnistía en la que incluyeron a criminales del viejo régimen acusados de asesinato y desaparición de opositores políticos. Aquella ley dejo impune todos los crímenes cometidos por vencedores y vencidos, durante y después de la guerra civil. No fue un tema que se discutió a fondo como muchas otras cuestiones. España como sucedería en Argentina o Chile decidió allanarse a las condiciones impuestas por las militares para dejar el poder.
En ese contexto histórico, catalanes, vascos, gallegos y otros grupos históricos de la península ratificaran con sus votos la constitución española de 1978, donde se reconocía su condición de regiones autónomas dentro de España, sin haber sido discutido más ampliamente el tema, ni puesto en evidencia las reivindicaciones historicas catalanas de hacer de España una confederación de estados, no ser un reino dividido en provincias y comunidades autónomas. Aquel era el reclamo histórico catalán, no la independencia absoluta.
Madrid parece solo entender que la mayoritaria aprobación por parte del pueblo catalán de la constitución y sus estatutos de autonomía les impiden hoy negociar cambios dentro de la ley, y deben atenerse a las consecuencias de sus acciones, que incluye, como el pasado 1 de octubre, la fuerza. La España de 1978 no es la de 2017. La primera emergía de una larga noche oscura que por casi 40 años reprimió toda oposición política y desapareció, literalmente, por décadas todo nacionalismo. La actual es una democracia plena, y eso ha permitido emerger los viejos nacionalismos.
El miedo de la sociedad civil española y catalana fue lo que permitió, sin más debate, aquella transición que hoy parece inconclusa. El miedo actual de Rajoy, y lo que le impide mejor articular la crisis, es que después de Catalunya el país vasco exija su independencia, y sea recordado en la historia como el presidente del Gobierno español que durante su gestión se fragmento España. Pero también los temores vienen de todo el establishment político que considera que cualquier modificación de la constitución vigente abriría la puerta a nuevas reivindicaciones regionales, políticas y sociales, erosionando el sistema democrático y a la misma institución monárquica.
Estamos ante un nuevo teatro político español, negarlo es retrasar lo inevitable, y aumentar las tensiones entre ciudadanos que tienen un concepto de España distinto. Si España es ambiciosa debería aprovechar esta crisis y crear una gran mancomunidad de naciones hispanas, un gran mercado común que hará más atractiva la unión, sobre todo para regiones donde hoy la lengua española parece retroceder. El idioma puede dividirnos o unirnos, está en la elite catalana decidir si quiere conservar o eliminar el vínculo común que tienen con 500 millones de hispanohablante que gracias a Internet y nuevas tecnologías hoy están mas integradas que nunca.