Sin embargo, en los últimos ocho años, esta separación se ha erosionado. La polÃtica ha comenzado a intervenir en todos los ámbitos, amenazando con cambiar el orden establecido y rompiendo la norma de que los polÃticos no deben inmiscuirse en el sistema económico peruano, ni amenazar con estatizaciones, ni subordinar a los entes rectores del Estado a sus intereses.
Esta semana, lÃderes polÃticos peruanos cuestionaron desde el Congreso las funciones de Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). En un gesto que evidencia un desconocimiento de las funciones del BCRP, algunos congresistas acusaron a Velarde de no hacer nada para impulsar el crecimiento económico, una responsabilidad que recae en el Estado peruano. El Ministerio de EconomÃa y sus pares son los que planifican, no en el banco central cuya misión principal es mantener la estabilidad monetaria.
El Perú de 2024 parece estar inmerso en un "juego de tronos" protagonizado por caudillos polÃticos, llamese los Fujimori, los Acuña, los Cerrón, los Luna Gálvez y otras familias con poder fáctico en el paÃs, y oportunistas que buscan sacar el máximo provecho de su poder… Denuncias de venta de cargos públicos y la contratación de asesores a quienes se les exigirÃa un porcentaje de su sueldo apuntan a prácticas que erosionan la institucionalidad y la confianza en el sistema.
Es evidente que el paÃs se encuentra en una encrucijada. La interferencia polÃtica en las instituciones del Estado y la economÃa amenaza con conducir a Perú hacia un rumbo incierto. Aquellos que en su momento defendieron la obra de Alberto Fujimori han sido los primeros en eliminar de la constitución normas que mantenÃan el manejo del Estado alejado de las manos polÃticas.
La ola de crimen organizado que el paÃs sufre actualmente es, en parte, consecuencia de la politización y los cambios constantes en la cúpula policial. Una institución que alguna vez fue eficiente se encuentra ahora debilitada por intereses polÃticos que socavan su capacidad operativa.