Durante el periodo congresal 2011-16 se estableció la nueva ley universitaria, que cambio el sistema de educación universitaria, acabando con décadas de educación superior informal y sin control. Mediante la Ley Nº 30220, se crea la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), que inicia funciones desde el 5 de enero de 2015. Desde los debates en el congreso hasta su ratificación por el Tribunal Constitucional, el 26 de enero de 2016, un hombre y su estudio de abogados fueron contratados por los rectores que integraban la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), con el único fin de impedir que se promulgara la nueva Ley Universitaria. Ahora adivinemos quien era ese hombre; el abogado de la Asamblea Nacional de Rectores, que defendía los intereses de Virgilio Acuña, Cesar Acuña, José Luna Gálvez, José Antonio Chang Escobedo (si el mecenas de Alan García), de Raúl Diez Canseco… En suma, de los actores políticos que vacaron al Presidente Martin Vizcarra. Acertó, el flamante primer ministro del usurpador Merino, Antero Flores-Araoz, y su estudio de abogados Flores-Araoz, era quien usando sus contactos en el mundo político intento evitar la promulgación de la nueva ley universitaria, que ha permitido acabar con los abusos dentro de las universidades, y mejorar el paupérrimo nivel universitario peruano. Lo extraño es que al mismo tiempo que Antero Flores-Araoz defendía los intereses de la ANR, su estudio de abogados defendía al rector de la Universidad Garcilaso de la Vega, Luis Cervantes Liñán. ¿Quién estaba a cargo de la defensa del rector Cervantes Liñán?, Domingo García Belaúnde, si el hermano de Vitocho García Belaúnde, el acciopopulista que maneja los hilos de ese partido. ¿Qué trabajo realizo el estudio de abogados Flores-Araoz para la UIGV? Cuando se descubrió que Luis Cervantes Liñán se había asignado un sueldo mensual de 2 millones de soles, y ante la ola de críticas, la ONR interpuso una demanda para el cese de funciones de Luis Cervantes Liñán y la intervención de la UIGV; es allí cuando Domingo García Belaúnde entra en escena para defender su derecho, del rector Cervantes, de pagarse el sueldo que quisiera y de de contratar a sus familiares dentro de la universidad, con jugosos sueldos. Hay que mencionar que la nueva ley universitaria buscaba justamente acabar con la impunidad de los rectores universitarios, sobre todo de aquellas universidades sin fines de lucro, que se apropiaban de estas instituciones para su beneficio personal, auto asignándose millonarios sueldos. Gracias al estudio Araoz-Pinto y del hermano de Vitocho la ANR se hizo de la vista gorda y no sanciono a Luis Cervantes Liñán, a pesar que una comisión del congreso hallo que durante su gestión se cometieron los delitos de: lavado de activos, fraude en la administración de persona jurídica, estafa, asociación ilícita para delinquir, falsedad genérica y violación del secreto de las comunicaciones. La Universidad Inca Garcilaso de la Vega, no es una empresa privada, sino una institución educativa sin fines de lucro y por ende no paga impuestos, pero está obligada a “reinvertir sus excedentes en la mejora de su calidad educativa”, lo cual nunca hizo, sino que como hemos mencionado Cervantes Liñán se asignó un sueldo cercano a los 2 millones de soles al mes, aunque su abogado, si, el del estudio Flores-Araoz, especulo que no era tanto, solo serían 800,000 soles al mes. El constitucionalista Domingo García Belaunde, quien defendió al congreso anterior ante el Tribunal Constitucional, el hombre a quien los medios de la extrema derecha entrevistaban cada vez que necesitaban atacar al presidente Vizcarra, considera que un rector, que no invirtió un sol en una universidad, pueda ganar 800 mil soles al mes y contratar a toda su parentela. No hay que sorprenderse entonces que quien defendía a la Asamblea Nacional de Rectores, Antero Flores-Araoz, como abogado y dueño del estudio Flores-Araoz, el que hizo lobby para impedir cambios en el sistema educativo peruano, hoy sea envestido como primer ministro. Es evidente que en la agenda de los golpistas esta en volver a las épocas donde rectores como Cervantes Liñán, Chang Escobedo (de la U. San Martin en el cargo desde 1996) o los hermanos Acuña buscaban el lucro sobre el nivel educativo. Y ustedes se preguntarán, ¿y donde esta Luis Cervantes Liñán? ¿En la cárcel? Pues no, jueces cercanos a la banda de los hermanitos de Cesar Hinostroza archivaron todas las investigaciones que había en su contra. Por su parte la SUNEDU sanciono a la Universidad que la familia Cervantes Liñan maneja como su chacra, y lo ha suspendido como rector, pero aquel se aferra al cargo, y no le ha importado dejar a sus estudiantes sin titular; al ser suspendido por la SUNEDU, esta no reconoce títulos universitarios firmados por el rector bamba.
Hay que recordar que la desaparecida Asamblea Nacional de Rectores era la encargada de elegir al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), los que eligieron a los amigos del supremo juez corrupto Cesar Hinostroza, como Iván Noguera Ramos quien fue elegido por las universidades privadas. Así en esta situación, cuando hoy jure como primer ministro Antero Flores-Araoz aquellos a los que sirvió estarán celebrando que después de apenas 5 años en funciones la SUNEDU desaparecerá. Ya Antero Flores-Araoz y Domingo García Belaunde, aprovechándose de algún tecnicismo legal, se encargarán de liquidar y retroceder a la educación universitaria peruana a épocas donde el dinero primaba antes que la calidad académica.
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