Cuatro líderes indígenas en la Amazonía peruana han sido asesinados desde que el gobierno declaró el estado de emergencia por COVID-19, dejándonos ver cómo su oposición a la tala ilegal, la minería y el narcotráfico los deja continuamente expuestos cuando el foco está en otra parte.
El 11 de septiembre, el cuerpo de Roberto Carlos Pacheco Villanueva fue descubierto en Madre de Dios, límite con el Brasil, una región de la selva amazónica donde él y su padre habían luchado durante mucho tiempo contra una vasta red de extracción ilegal de oro. La última amenaza a su vida llegó en abril, según un tuit de la cuenta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) de Perú, “pero las autoridades hicieron muy poco para protegerlo”.
El asesinato de Pacheco fue el cuarto de un líder indígena en los últimos siete meses desde que el gobierno declaró el estado de emergencia y el aislamiento obligatorio, en marzo, para combatir el coronavirus. Recientemente, el gobierno prolongó el aislamiento hasta fines de septiembre en algunas de las áreas más afectadas, informó AFP.
Lorenzo Wampagkit Yamil, quien sirvió durante ocho años como defensor de la tierra en la reserva Chayu Nain, fue asesinado en julio. Gonzalo Pio Flores, jefe de la etnia asháninka, fue asesinado en mayo.
En abril, Arbildo Meléndez Grandes, jefe de la comunidad indígena Unipacuyacu, fue asesinado a tiros en Puerto Inca. Meléndez Grandes había buscado durante mucho tiempo el título de las tierras de la tribu, que limita con Ucayali y Huánuco, y combatió la actividad ilegal allí.
Tierras en áreas remotas alrededor de Puerto Inca son invadidas para el cultivo de coca ilegal, dijo Sandra Jesús Olivera Lara, asesora legal de la Organización Regional Aidesep Ucayali (Organización Regional Aidesep Ucayali - ORAU) en el caso Meléndez Grandes.
“El eje central de este caso es el tráfico de tierras y el tráfico de drogas”, dijo al medio de noticias medioambientales Mongabay.
Análisis de InSight Crime
Los recientes asesinatos de líderes indígenas de Perú plantean preocupaciones de que la pandemia los ha dejado aún más vulnerables a los ataques de grupos criminales.
Veinte activistas ambientales han sido asesinados en Perú desde 2013, de los cuales 12 eran líderes indígenas de la región amazónica, según OjoPúblico, citando datos de la CNDDHH.
La última vez que murieron tantos activistas en un año fue en 2014, cuando cinco fueron asesinados. Cuatro fueron baleados cuando se dirigían a una reunión sobre tala ilegal, en una masacre que causó indignación internacional. Durante los siguientes cinco años, solo dos líderes indígenas fueron asesinados, según OjoPúblico.
Ninguno de los 12 asesinatos cometidos ha sido investigado a profundidad, ni mucho menos se ha obtenido condena alguna, aunque los fiscales han acusado a cinco hombres de la industria maderera en la masacre de 2014. Un testigo clave en uno de los casos fue incluso asesinado en 2018.
El descarado asesinato de Pacheco Villanueva en septiembre en Madre de Dios indica que la minería ilegal de oro sigue tan arraigada como siempre allí, incluso después de los masivos esfuerzos militares del gobierno para expulsar a los mineros el año pasado. Los mineros regresaron recientemente a la región amazónica, envalentonados por controles débiles y precios del oro vertiginosos.
El país de América Latina más afectado por la muerte de líderes sociales es el vecino Colombia, que registró la asombrosa cifra de 872 asesinatos entre enero de 2016 y septiembre de 2019. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Instituto de Estudios para el Desarrollo), con sede en Bogotá. y la Paz - INDEPAZ), la nación ya ha visto aproximadamente 214 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados solo este año.
Fuente: www.insightcrime.org