La ley Penal Tributaria establece:
“El que, en provecho propio o de un tercero, valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos que establecen las leyes, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años.”
Y especifica en el artículo 2: Son modalidades de defraudación tributaria reprimidas con la pena del Artículo anterior:
a) Ocultar, total o parcialmente, bienes, ingresos rentas, o consignar pasivos total o parcialmente falsos para anular o reducir el tributo a pagar.
Este párrafo grafica mejor lo que ha venido realizando el partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori en todas las elecciones en los que ha participado, ingresando a sus arcas millones de dólares, como han declarado varios empresarios:
Dionisio Romero: Credicorp entregó US$3,6 millones para campaña de Keiko Fujimori del 2011
El sobrino de Juan Rassmuss Echecopar señaló que Jaime Yoshiyama, exjefe de campaña de Fuerza 2011 recibió de su tío tres millones 400,000 dólares, y también un millón 465,000 dólares para la campaña de Fujimori Higuchi en el año 2016.
Jorge Barata, exalto funcionario de Odebrecht en el Perú, declaró que la constructora brasileña aportó US$1,2 millones a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011.
Podemos dudar de Barata, pero, ¿Vamos a dudar de Dionisio Romero? Las pruebas en contra de Keiko Fujimori y su organización política son ineludibles; recibió millones de dólares para sus campañas políticas, declararon al ONPE mucho menos del total recibido, de manos de los empresarios, y no declaro a la SUNAT ni un sol de estas “donaciones” que le entregaron en efectivo. Lo que se sabe es gracias a empresarios que tuvieron que reconocer las donaciones, sin duda muchos otros donantes han preferido callar.
Es inevitable la pregunta, ¿por qué la clase media y alta prefiere entregarle, sin condiciones, el poder a una evasora fiscal? Keiko pudo redimirse cambiando el sistema, pedir disculpas y corregir el vacío legal, vigente hasta hace poco, que no ponía limites al monto de las donaciones de campaña, pero en los 3 años que su partido tuvo mayoría absoluta en el congreso bloqueo cualquier iniciativa para cambiar el sistema político, e impedir que los caudillos politicos se corrompieran recibiendo “donaciones” de empresarios o de gobiernos extranjeros, como fue el caso en la campaña del 2006 de Ollanta Humala, que recibió dinero de Venezuela.
¿Puede una evasora fiscal ser presidenta? Pues en el Perú sí, porque en el Perú la moral o la ética no parece pesar a la hora de elegir un presidente o congresista, y el órgano que debería haber puesto en el tapete el caso Fujimori, más allá si fue o no lavado de dinero, era la SUNAT, porque está bien establecido en el segundo artículo de la ley Penal Tributaria, ocultar ingresos está penado. Y podríamos ir más alla, Keiko Fujimori sigue recibiendo una mensualidad, ella, no el partido, de cada congresista de su bancada, ¿alguna vez la SUNAT investigo si declara esos ingresos?
Ese es uno de los mayores problemas que afronta el Perú, la permisividad de la SUNAT, y diríamos del peruano común, ante la evasión fiscal, muy pocos casos llegan a ser presentados ante la justicia, pero hay casos evidentes, por ejemplo de periodistas que viven en grandes casas, y zonas exclusivas pero declaran ingresos ridículos, o de militares, que tienen hasta casa de playa, pero solo viven del sueldo que reciben.
Sabemos que de ganar Keiko Fujimori esta situación de impunidad, de personajes que presentan evidentes signos de desbalance patrimonial, continuara, pero Castillo no da muestras de saber siquiera del tema, o no le importa. Muchos caudillos comunistas, como Vladimir Cerrón o Marco Arana tienen más propiedades de las que sus ingresos le podrían permitir, muchas con nombre de familiares u personas de su confianza, la SUNAT podría cruzar información y detectar estos casos, pero no le interesa.
Una de las razones ante esta clara indiferencia, la SUNAT se debe a que hasta octubre del 2018 el jefe de la SUNAT era Víctor Shiguiyama, un fujimorista confeso, quien gracias a Keiko Fujimori había obtenido el cargo; eran los tiempos en que PPK le otorgaba todo lo que pedia a la lideresa de Fuerza Popular, como las dos plazas dentro del BCR que tienen, hasta ahora, los fujimoristas Rafael Rey, y José Chlimper.
Víctor Shiguiyama debio renunciar cuando su nombre se incluyo en las investigaciones contra Keiko Fujimori, viendose obligado, el ex jefe de la SUNAT, ante las evidencias, confirmar que recogió de la fábrica de Juan Rassmuss varios "maletines". La fiscalía considera que los maletines habrían contenido los $ 3.4 millones del empresario donó a Fuerza 2011, en favor de Keiko Fujimori.
Solo en el Perú suceden estas incongruencias jurídicas y éticas. En España el ex rey de España Juan Carlos I tuvo que exiliarse en Emiratos Árabes Unidos cuando las investigaciones de la hacienda española, por evasión fiscal, avanzaron y amenazaba con ponerlo tras las rejas. Ha tenido que allanarse y reconocer su falta ante la Agencia Tributaria Española, pactando el pago de 8 millones de euros de impuestos no declarados a la SUNAT española. En el Perú SUNAT no ha interpuesto ninguna demanda contra ningún político, ni mucho menos contra los empresarios que entregan en cada campaña bolsas de dinero a los partidos politicos.
Nunca debemos olvidar que el máximo capo de la mafia de Estados Unidos, del siglo pasado, Al Capone, no fue sentenciado por una corte por sus actividades delictivas, sino por evasor de impuestos. La agencia tributaria estadounidense pudo probar que Al Capone vivía como rico, como tantos politicos peruanos, pero no declaraba los ingresos que le permitían llevar esa vida ostentoso, por ello fue condenado a 11 años de cárcel.
La foto de este articulo pertenece al diario La Republica.
