La FTC y 20 estados demandan a Dollar General por presuntos cobros superiores al precio anunciado

La diferencia entre el precio de una etiqueta y el importe cobrado en caja puede parecer pequeña. Multiplicada por miles de productos y millones de compras, es el centro de una demanda federal contra Dollar General. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) y 20 estados acusaron el lunes 26 de octubre a la cadena de cobrar de forma reiterada más de lo anunciado en estantes, etiquetas y publicidad. La compañía rechaza que exista una práctica deliberada y sostiene que ha mejorado sus controles. El caso acaba de comenzar: las acusaciones aún deben probarse ante un tribunal.

La demanda se presentó en el Distrito Medio de Tennessee, donde tiene su sede la empresa. Los demandantes solicitan medidas que impidan nuevas discrepancias de precios, compensaciones económicas y sanciones conforme a las leyes aplicables. No se ha dictado una sentencia ni se ha establecido todavía cuánto dinero, si alguno, correspondería devolver a los clientes. Esa distinción es esencial en un litigio que enfrenta a un regulador federal, autoridades estatales y una de las mayores cadenas de tiendas de descuento del país.

La diferencia que llega hasta la caja

El documento judicial describe una secuencia concreta: un comprador escoge un producto por el precio exhibido y descubre, a veces solo al revisar el recibo, que el sistema de caja registró otro importe. La FTC afirma que el problema se repitió durante años, incluso después de inspecciones oficiales y quejas de consumidores. Según la demanda, Dollar General recibió al menos 29.265 reclamaciones clasificadas como precios marcados no respetados entre enero de 2023 y marzo de 2026. Se presentaron en los 48 estados donde opera la cadena. Esa cifra corresponde a quejas registradas por la empresa; no equivale por sí sola al número total de transacciones afectadas.

La FTC también sostiene que entre 2019 y 2026 hubo siete acuerdos previos por irregularidades de precios con autoridades de seis estados, que derivaron en más de seis millones de dólares en penalidades. La nueva demanda utiliza esos antecedentes para argumentar que la empresa conocía la recurrencia del problema. Dollar General discrepa de la conclusión sobre su conducta y de la metodología con que el regulador calcula el presunto perjuicio económico.

En una inspección de octubre de 2025 citada en el expediente, realizada en una tienda de Strong, Arkansas, los inspectores encontraron discrepancias en 11 de 50 productos examinados; ocho de ellas implicaban un cobro superior al precio anunciado. Otro ejemplo incluido en el documento corresponde a Glasgow, Kentucky, donde en abril de 2023 se detectaron errores en 20 de 50 productos y todos suponían sobrecargos. Son muestras de inspecciones específicas, no una medición de todas las tiendas. Su valor dentro del proceso depende de cómo el tribunal evalúe el conjunto de pruebas y la respuesta de la empresa.

La compañía opera más de 21.000 establecimientos y vende artículos cotidianos, incluidos alimentos y productos domésticos. Su tamaño explica por qué incluso una discrepancia de pocos centavos adquiere relevancia pública. La demanda sostiene además que aproximadamente el 80% de sus tiendas se encuentra en localidades de 20.000 habitantes o menos. Para hogares con presupuestos ajustados, el precio indicado no es un detalle decorativo: forma parte de la decisión de compra y del cálculo de lo que podrán pagar al llegar a caja.

La respuesta de Dollar General

Dollar General publicó su posición el mismo día de la demanda. Afirma que aspira a una coincidencia total entre los precios del estante y los de caja, y que sus empleados están instruidos para corregir las diferencias cuando aparecen. Reconoce que pueden ocurrir errores ocasionales, pero niega haber abandonado su misión de ofrecer productos asequibles o desatendido deliberadamente a sus clientes. También asegura haber reforzado sus procedimientos para verificar precios.

La empresa explica que colaboró con la investigación desde febrero de 2026 y entregó más de 200.000 documentos y 350 gigabytes de información. Según su versión, intentó negociar una solución antes de acudir a juicio, pero consideró que la cantidad reclamada por el regulador no guardaba proporción con las discrepancias identificadas. Dice que impugnará la interpretación legal de la FTC y defenderá el caso en los tribunales, al tiempo que mantiene abierta la posibilidad de nuevas conversaciones.

Las partes discrepan sobre el alcance de los remedios. El regulador presenta las diferencias de precios como un patrón persistente. La compañía las describe como incidencias minoristas y cuestiona que la demanda refleje sus mejoras. Ninguna de las dos versiones sustituye la evaluación judicial de las pruebas.

Qué está en juego para los consumidores

El caso plantea una pregunta sencilla de expresar y difícil de medir a escala nacional: con qué frecuencia una discrepancia perjudicó a un cliente y cuánto pagó de más. Para responderla, el tribunal tendrá que considerar inspecciones, datos internos, reclamaciones y los métodos usados para extrapolar los daños. Que se hayan recibido miles de quejas no significa automáticamente que cada compra en la cadena haya tenido un precio incorrecto. Tampoco elimina la necesidad de investigar las diferencias verificadas.

En la vida diaria, revisar el recibo y comparar el cargo con la etiqueta puede permitir detectar un error inmediatamente. Si aparece, el cliente puede pedir la corrección en la tienda y conservar el comprobante de compra. La acción presentada por la FTC no anuncia todavía un programa de reembolsos ni habilita, por sí misma, un pago automático para quienes compraron en Dollar General. La resolución podría tardar y dependerá de las decisiones judiciales o de un eventual acuerdo.

El litigio ocurre cuando el costo de los bienes básicos sigue ocupando un lugar central en la economía doméstica estadounidense. Una cadena que promete ahorro necesita que el precio visible sea una referencia fiable. El proceso determinará si las discrepancias denunciadas fueron fallos aislados dentro de una operación enorme o una práctica suficientemente extendida para constituir una infracción federal y estatal. Mientras tanto, la demanda ofrece una descripción documentada del problema y la empresa ha dejado claro que la disputará.