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Estados Unidos amplía las sanciones sobre Cuba y apunta a proveedores chinos

Washington abre la puerta a sanciones en cuatro sectores de la economía cubana y señala a empresas de China por presuntos suministros militares.

Estados Unidos amplió este jueves las herramientas con las que puede sancionar actividades vinculadas a Cuba y señaló a empresas chinas a las que acusa de suministrar equipos a las fuerzas armadas de la isla. Las medidas alcanzan también a entidades estatales cubanas y a una red relacionada con el transporte de petróleo, en medio de una prolongada crisis energética y económica.

La disposición del Departamento del Tesoro incorpora la electrónica, la manufactura, las actividades marítimas y la tecnología a los sectores de la economía cubana en los que Washington puede imponer sanciones a personas o entidades extranjeras. La decisión abre la posibilidad de nuevas designaciones, pero no significa que todas las empresas que trabajan en esos sectores hayan quedado sancionadas automáticamente.

En una medida paralela, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció acciones contra ocho entidades y dos personas, además de identificar cinco embarcaciones como bienes bloqueados. El Departamento de Estado incluyó entre los afectados a dos proveedores con sede en China, dos empresas estatales cubanas y compañías relacionadas con el transporte de crudo. Algunas de las entidades ya figuraban en listas estadounidenses por otras medidas.

Empresas chinas y suministros militares

Las compañías señaladas son China National Electronic Import and Export Company, conocida como CEIEC, y Beijing H&C Technologies. Según el Departamento de Estado, ambas han colaborado con la firma cubana Sociedad Mercantil Duna, vinculada a la adquisición de material para las fuerzas armadas de la isla.

Washington afirma que CEIEC contrató con Duna la exportación de componentes destinados a equipos militares cubanos. También vincula a Beijing H&C Technologies con operaciones de suministro de material militar y con la comercialización de equipos de seguridad y vigilancia. Estas descripciones corresponden a las acusaciones oficiales estadounidenses.

CEIEC ya había sido sancionada por el Tesoro en 2020 en relación con Venezuela. Duna, por su parte, fue objeto de medidas estadounidenses en agosto de 2026. El nuevo anuncio añade a la relación económica entre La Habana y Pekín una dimensión más en el enfrentamiento de Washington con el Gobierno cubano.

Entre las entidades cubanas mencionadas figuran Cubaelectrónica, dedicada a la importación y exportación de productos electrónicos y de comunicaciones, y Tecnosime, vinculada a servicios técnicos y tecnológicos. El alcance efectivo para sus operaciones dependerá, entre otros factores, de los bienes, transacciones y contrapartes sujetos a la jurisdicción estadounidense.

El transporte de petróleo en el centro de las medidas

Rubio también señaló a Guillermo Faustino Rodríguez López-Calleja, a quien Washington relaciona con una red de compañías marítimas que transporta petróleo hacia y desde Cuba. La medida afecta asimismo a cuatro empresas vinculadas con ese negocio, incluidas Caroil Transport Marine e Internacional Marítima.

El Departamento de Estado identificó cinco buques como bienes bloqueados. Esa clasificación forma parte de las sanciones financieras de Estados Unidos; no equivale por sí sola a que los barcos hayan sido incautados físicamente ni demuestra que se haya interrumpido cada uno de sus viajes.

Las sanciones de bloqueo suelen alcanzar a los bienes e intereses bajo jurisdicción estadounidense y restringen las operaciones de personas de Estados Unidos con los designados, sujetas a las excepciones y autorizaciones aplicables. También pueden dificultar que una empresa señalada encuentre bancos, aseguradoras o socios comerciales dispuestos a trabajar con ella.

La administración de Donald Trump sostiene que las medidas apuntan a las redes de ingresos del Gobierno cubano y a sus proveedores militares. Rubio acusó a la dirigencia de controlar recursos energéticos y tecnológicos mientras la población afronta apagones y escasez. Es la posición del Gobierno estadounidense sobre una crisis cuyas causas y responsabilidades son objeto de disputa.

Una economía sometida a presión

Cuba arrastra una grave falta de combustible y problemas en una red eléctrica envejecida. Los cortes prolongados afectan la vida cotidiana y la actividad económica. La disponibilidad de petróleo importado es especialmente relevante para una isla que necesita combustible tanto para generar electricidad como para transportar mercancías y prestar servicios.

A finales de enero, Trump amenazó con imponer aranceles a los países que suministraran petróleo a Cuba. Associated Press ha relacionado esa presión sobre los suministros con el agravamiento de los apagones, junto con el deterioro de la red y la escasez de reservas. El embargo estadounidense, por su parte, se remonta a décadas y es rechazado por el Gobierno de La Habana.

El nuevo paso llega después de que la Asamblea General de las Naciones Unidas condenara nuevamente el embargo la semana pasada. Esa votación refleja la oposición internacional a la política estadounidense, aunque no obliga por sí misma a Washington a modificarla.

El Departamento de Estado afirma que mantiene autorizaciones para determinadas operaciones humanitarias, incluidos alimentos, medicamentos y dispositivos médicos. La existencia de esas excepciones no elimina necesariamente las dificultades prácticas de pago, transporte o contratación que pueden acompañar a un régimen amplio de sanciones.

Por ahora, la decisión sectorial no identifica a todas las personas o empresas que podrían ser objeto de medidas futuras. Las consecuencias adicionales dependerán de las designaciones que adopte Washington y de la respuesta de las compañías que mantienen vínculos con la economía cubana.