Japón abre el debate sobre cómo pagar la rebaja del impuesto a los alimentos

La promesa de abaratar la compra de alimentos ha colocado al Gobierno japonés ante una pregunta que no puede resolverse en la caja del supermercado: de dónde saldrá el dinero para compensar la menor recaudación. La primera ministra, Sanae Takaichi, afirmó este lunes 19 de octubre en el Parlamento que no descarta emitir bonos, en vísperas del comienzo del debate sobre su rebaja del impuesto al consumo.

El plan prevé reducir del 8% al 1% el gravamen sobre alimentos y bebidas incluidos en la medida durante dos años, a partir de abril de 2027. Su discusión en la Cámara Baja empieza el martes 20 de octubre. La iniciativa aún necesita completar su trámite legislativo; el anuncio gubernamental no significa que los consumidores ya estén pagando ese tipo reducido.

Las declaraciones introducen una tensión central de la política económica japonesa. Takaichi quiere aliviar a los hogares afectados por la subida del coste de vida y, al mismo tiempo, mantener la confianza en las finanzas del Estado. Es posible prometer las dos cosas, pero la ley y el presupuesto tendrán que explicar cómo se hacen compatibles.

La frase sobre los bonos y la respuesta del Gobierno

Durante una sesión de la comisión presupuestaria de la Cámara Alta, la primera ministra sostuvo que el Ejecutivo revisará ingresos y gastos y controlará adecuadamente el volumen anual de emisiones. En ese marco, señaló que no excluye por completo recurrir a bonos, según las informaciones de Reuters, Jiji y FNN.

El portavoz gubernamental, Minoru Kihara, trató de evitar que esas palabras se interpretaran como una rectificación. Según Jiji, afirmó que la política no ha cambiado y situó las declaraciones en el conjunto de la gestión presupuestaria, no en una renuncia al compromiso sobre la financiación de la rebaja.

La precisión importa porque emitir deuda para atender el presupuesto general y financiar una medida concreta mediante bonos especiales destinados a cubrir el déficit no son formulaciones equivalentes. La declaración de Takaichi deja abierta una herramienta de financiación del Estado; no constituye, por sí sola, un anuncio detallado de nueva deuda para pagar íntegramente el recorte tributario.

En su rueda de prensa del 17 de septiembre, cuyo texto publicó la oficina de la primera ministra, Takaichi había defendido que la financiación de la rebaja alimentaria se aseguraría sin depender de esos bonos especiales. También había vinculado su política a la revisión presupuestaria y al control de las emisiones del conjunto del año, incluidas las cuentas iniciales y los presupuestos suplementarios.

Un alivio temporal para una compra cotidiana

La medida se dirige a un gasto difícil de posponer. Los hogares pueden aplazar algunas compras importantes, pero necesitan seguir comprando comida. Rebajar el impuesto reduce la carga tributaria aplicada a los productos cubiertos; el efecto final sobre cada presupuesto familiar dependerá de cuánto compre y de la evolución de los precios antes de impuestos.

Esto último limita las expectativas. Una reducción fiscal no detiene por sí misma el encarecimiento de las materias primas, el transporte o los demás costes que forman los precios. Puede amortiguar la factura, pero no garantiza que todos los productos se abaraten en la misma proporción ni de manera permanente.

El paquete incluye también ayudas monetarias. Jiji sitúa su dimensión aproximada, sumadas las medidas, en 10 billones de yenes durante dos años. Esa cantidad corresponde al conjunto descrito por la agencia, no exclusivamente a la pérdida de ingresos por el impuesto sobre los alimentos. El Ejecutivo todavía debe concretar públicamente los recursos con los que sostendrá la operación.

La oposición pregunta qué ocurrirá después

Yoshifumi Hamano, del Partido Democrático para el Pueblo, preguntó a Takaichi por la posibilidad de recurrir a deuda si fuera necesario. También planteó el riesgo de que recortes de gasto utilizados para compensar el alivio fiscal acabaran contrarrestando su efecto económico, según la cobertura de Jiji y FNN.

La discusión alcanza al final de los dos años. Una reducción temporal ofrece una ayuda inmediata, pero deja pendiente qué carga soportarán los consumidores cuando termine. FNN recogió las preguntas de la oposición sobre la posibilidad de mantener después un gravamen menor y el impacto que tendría su retirada en los hogares con menos recursos.

Takaichi recordó que el impuesto al consumo contribuye a financiar la seguridad social, sin comprometer una rebaja permanente. Ese vínculo explica la dificultad política: disminuir una fuente de ingresos exige decidir si se sustituye, se reduce algún gasto o se asume una necesidad adicional de financiación. Ninguna de esas decisiones desaparece porque la medida tenga fecha de caducidad.

La confianza se medirá en el presupuesto

La primera ministra volvió a presentar una economía más fuerte como parte de la respuesta y defendió reducir de forma estable la relación entre deuda y PIB. Ese indicador depende tanto del endeudamiento como del tamaño de la economía; no equivale a prometer que el volumen de deuda bajará de inmediato.

El siguiente paso será el debate legislativo y, después, la concreción presupuestaria. Para los hogares, la cuestión práctica es cuándo llegará el alivio y cuánto durará. Para el Gobierno, el examen será mostrar una financiación suficientemente clara para que una promesa de reducir la cuenta de la compra no abra otra incertidumbre sobre las cuentas públicas.